En España hay que considerar un federalismo asimétrico al haber recogido la Carta Magna los derechos históricos del País Vasco y Navarra, que especialmente reportan competencias fiscales de mayor gestión que en el resto de autonomías. En el futuro no es desdeñable sopesar el proponer y consolidar un federalismo simétrico si aceptaran todas las autonomías unas competencias similares con lo que implica una gestión equilibrada de sus gastos e ingresos, junto a los requerimientos solidarios que se consensuen, quedando siempre a la espera de la política fiscal de la Comunidad Europea, que, tal vez, pudiera acabar aceptando un sistema similar en sus estados.

El concierto económico de Euskadi y Convenio de Navarra suelen ser criticados por el resto de España, pero la realidad es que se desconoce en gran parte su composición y cálculo del cupo para entregar solidariamente al estado central los gastos que haya realizado en servicios generales como defensa y otras competencias estatales.

El rechazo a la fiscalidad asimétrica viene del desconocimiento mencionado o cierto miedo al riesgo implica su aceptación o, especialmente, a un sentimiento ideológico, que considero desacertado.

Realmente en 1980 ninguna autonomía quiso acogerse al régimen foral prefiriendo se les aplicara el régimen general. Lo mismo sucedió en el año 2000, aunque es cierto que alguna autonomía como la de Cataluña quiso negociar un plan fiscal, a lo que se opuso el gobierno de Rajoy, lo cual fue una mala decisión en lo que sin duda tuvo que ver el tiempo político y económico. En medio de una gravísima recesión, no era el mejor momento para tomar decisiones radicales sobre un asunto tan complejo y delicado como es el equilibrio territorial.

Se sabe que cuando la hacienda pública está más cerca de los contribuyentes, el sistema es más eficiente y también en la lucha contra el fraude, aparte de que, en términos políticos, los ciudadanos sienten que el dinero de sus impuestos se gasta en su territorio y no en políticas afectas al clientelismo político.

En cualquier caso, la existencia de una cartera de servicios mínimos garantizados, perfectamente identificados e incluso insertados en el propio texto constitucional para obligar a que se cumplan, debería ser suficiente para aplicar la justa solidaridad interregional que asegure un mínimo de nivel de bienestar social, por ejemplo dentro de los contextos de la Educación, Sanidad y Pensiones.

Además, últimamente empieza a detectarse un movimiento favorable a la aplicación de una política fiscal en los Estados Unidos de Europa de estructura similar a la del concierto y convenio económico que rige en España.

Getxo.
Ingeniero Industrial/ Consultor/ Profesor.
79 años.
Jubilado.